El gobierno promovió la lesividad de otro decreto de venta de islas fiscales

Paraná.(RN). En el marco del proceso de recuperación de las islas del Delta, el gobierno entrerriano declaró “lesivo a los intereses públicos y al orden público provincial” el Decreto Nº 583 MEOySP, dictado el 22 de abril de 1982, y que aprobó un contrato de compraventa celebrado el 18 de marzo de ese año de un lote en la Isla Las Lechiguanas, en el Departamento Gualeguay. Además, instruyó a la Fiscalía de Estado a deducir la acción de lesividad correspondiente para obtener la anulación de ese decreto en la Justicia, y suspendió la “eficacia administrativa y legal del decreto declarado lesivo” hasta que haya sentencia judicial. Así lo dejó establecido a través del Decreto Nº 4850 GOB, fechado el 12 de diciembre de 2014 y publicado este 5 de junio en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Gobierno Adán Bahl.

La decisión sobrevino luego de las actuaciones iniciadas por el doctor Emilio Alfredo Cartey,quien solicitó el otorgamiento a su favor de la escritura pública concerniente a la adquisición de una fracción de tierras en las Islas Las Lechiguanas, situadas en el Departamento Gualeguay, identificadas como lote 10 o “J”, de la sección “E” Sur, de la Provincia de Entre Ríos, de una superficie de 1.223 has.

Según recordó el gobierno en los considerandos del decreto al que accedió Recintonet, el 29 de abril de 2011 la Fiscalía de Estado emitió el Dictamen Nº 0258/11 por el cual propició “la lesividad a los intereses públicos de los Decretos Nos. 3.506/79 MEOySP y 2.411/80”, que quedó plasmado en la decisión administrativa del Poder Ejecutivo Nº 3.104 GOB, del 15 de agosto de 2011. El decreto de 1979 había “autorizado el llamado a licitación pública para adjudicar en venta fracciones de tierras”, mientras que el de 1980 había “adjudicado la venta a los diversos adquirentes de los lotes fiscales allí individualizados”, según reseñó el gobierno.

Ahora, tras las actuaciones de Cartey, se estableció que la declaración de lesividad deba alcanzar también al Decreto Nº583 MEOySP, que había aprobado el contrato de compraventa “entre la Provincia de Entre Ríos y quienes resultaron adjudicatarios de la licitación pública realizada para proceder a la venta de islas del Estado Provincial”, y sobre cuyo lote era reclamada la escritura.

Es necesario recordar que el gobierno entrerriano inició en 2010 el “Plan de regularización dominial de tierras fiscales”, que quedó plasmado en el Decreto Nº 1.186 de ese año. Esta medida supuso la toma de posesión de todo el territorio de las islas del Delta por parte del Estado provincial, y fue tomada “en el marco de una política de recuperación basada en la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles mencionados -islas- que, sin dudas, se trata de bienes del dominio público alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2.340, inciso 6º Código Civil”. Esto así porque con el Decreto Ley Nº 6.047/77 GOB –de un gobierno de facto-, “dispuso adjudicar tierras dominiales por venta en la licitación pública, sin ajustarse a los límites impuestos por la legislación que regula la materia y sin resultar acorde a los intereses del Estado Provincial”.

En ese contexto, recalcó sobre el nuevo decreto cuya lesividad se promueve: “No es posible soslayar que el citado acto administrativo detenta los mismos vicios invalidantes que inficionan los decretos que ya fueron declarados lesivos, y refiere a la culminación de una zaga de actos que, además, de haber sido dictados dentro del marco de un gobierno de facto, lo fueron franca violación de preceptos con jerarquía superior que tutelan el orden público y, como tal, indisponibles entre las partes celebrantes de un contrato”.

“Es evidente el vicio que informan tales actos administrativos que, en contra del marco legal imperante, dispusieron la enajenación de islas, autorizaron su licitación (Decreto Nº 3.506/79), dispusieron su adjudicación (Decreto Nº 2.411/80), y aprobaron el referido contrato de compra venta (Decreto Nº 583/82), concediendo en forma ilegítima ciertas prerrogativas a favor de particulares, que no pueden ampararse en supuestos derechos adquiridos, al haberse prescindido del cumplimiento del requisito previo de la desafectación de las islas de su carácter de bien de dominio público por ley del Congreso Nacional”, redondeó el gobierno, al ratificar que las tierras de dominio público no pueden salir de la órbita del Estado sin que antes exista una ley expresa del Congreso Nacional que así lo indique.

Desisten de proceso judicial

También el 5 de junio el gobierno publicó el Decreto Nº 4851 GOB, fechado el 12 de diciembre de 2014, por medio del cual autorizó a la Fiscalía de Estado de desistir del proceso judicial que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Victoria, y que mantiene la provincia contra presuntos poseedores de una isla en la zona.

La causa fue iniciada en enero de 1999, y tenía como objetivo expropiar una isla para la trama vial Rosario-Victoria contra los presuntos poseedores. Para desistir de la causa judicial, el gobierno entendió que, al tratarse de una isla, “ya pertenece al dominio público del Estado de manera incuestionable”, tal cual lo establece el Código Civil y viene siendo plasmado en fallos judiciales; y, además, interpretó que “se pretende expropiar una fracción de terreno que (…) carece de titular registral (siendo el objeto de la expropiación los supuestos derechos posesorios, y no la propiedad en sentido estricto)”. (RecintoNet)