El Senado avanzó con la orgánica del Ministerio Público

Paraná.(RN). La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta analizó el proyecto relacionado con la orgánica del Ministerio Público en Entre Ríos, para lo cual estuvieron presentes el procurador Amílcar García y el defensor general, Maximiliano Benítez. Al respecto, Benítez consideró que “la del ministerio Público es una norma fundamental para las instituciones, sobre todo cuando el sistema acusatorio empieza a consolidarse”.

Añadió que es necesaria la ley para mejorar la aplicación del Código. Puntualizó que con esta norma se permite al ministerio de la defensa una equiparación con el ministerio público, ya que se ordenan los cargos, con una estructura acotada y dinámica que apunta al menos a lograr la existencia de un defensor coordinador en cada costa de la provincia. “No queremos la creación inmediata de los cargos, sino la incorporación en la norma para ir, con el tiempo, incorporándolos en el futuro, cuando haya disponibilidades presupuestarias”, aclaró.

También se proponen cambios en los términos incluidos en la legislación, lo que es “altamente positivo”, ya que se incorpora el criterio de “vulnerabilidad”. Benítez señaló que esto hace que se lo denomine “defensor público” y no de pobres y menores, como es hasta ahora.

Anticiparon que habrá un período de adecuación, ya que se está pasando a un nuevo sistema, después de años de utilizar otros criterios de acción. Expresaron que ante la necesidad de personal, con la participación y conocimiento de los Colegios de Abogados, del Superior Tribunal de Justicia y de la Asociación de Magistrados, se han impulsado concursos de personal. Además todos estos procesos quedarán encuadrados en la norma una vez sancionada.

Tanto Benítez como García coincidieron que con el tiempo será el Consejo de la Magistratura quien lleve adelante la selección de los aspirantes a cubrir cargos en estos sectores, mientras que durante la aplicación se va reacomodando al personal de planta, reconociendo sus derechos.

Los legisladores, más allá del tema de convocatoria, lo consultaron García sobre proyectos que han sido presentados en la Cámara Alta, como por ejemplo el referido a la posible creación de fiscalías ambientales. Anticipó que quizá en el mediano plazo se comience a estudiar la posibilidad de una fiscalía para la cuestión de Género, lo que permitiría mejorías al trabajar más coordinadamente con todos los sectores institucionales que intervienen en esos casos.

También intercambiaron opiniones sobre la lucha contra determinados delitos y sobre el estado de la estructura carcelaria, ya que por la aceleración de los procesos, aumenta el número de internos.

Sobre el proyecto

El texto señala que el Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le imponga. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la Provincia, pero sin sujeción e instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Agrega que el principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponde como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales y defensores, en razón de los diversos intereses que deben a tender para satisfacer el interés general, y velando por la normal prestación del servicio de justicia.

El proyecto determina que el Ministerio Público se compone de dos ramas independientes entre sí: Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente.