Avanza en la Legislatura la creación de fiscalías ambientales

Tuvo media sanción del Senado este martes. El texto es impulsado por el senador Gerdau

Paraná.(RN).  Sesionó la Cámara de Senadores de la provincia, oportunidad en la que los legisladores dieron media sanción al proyecto de ley del Senador Natalio Gerdau (Gualeguaychú – FPV), por el que se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la unidad fiscal de investigación en materia ambiental. Fue aprobado sobre tablas, con despacho de comisión

Fiscalías ambientales

Ante la aprobación el autor del proyecto, Natalio Gerdau, dijo que “se ve la necesidad en el marco del desarrollo social, la defensa del medio ambiente, pensando en las próximas generaciones. Queremos sancionar a quienes ataquen el medio ambiente”, afirmó.

Recordó que en los años sesenta de una nueva disciplina jurídica: el derecho ambiental, donde “el hombre comienza a tomar conciencia de los diversos problemas ambientales que afectan el planeta y empiezan a cambiar los paradigmas relacionados al ambiente. Se comienza a dejar de lado el antropocentrismo por el cual el hombre disponía a su antojo de la naturaleza sin tener deberes para con ella. Se empieza a hacer un uso responsable del ambiente surgiendo así deberes y derechos con la naturaleza”.

Nuestro país comienza a “recepcionar” estos nuevos conceptos e institutos de novísima rama jurídica, primero plasmándolos positivamente en algunas Constituciones provinciales durante los años 80 y luego se fortalece con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, al introducir en el capítulo referido a “Nuevos derechos y garantías”, artículo 41, que consagra el “…derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

En Entre Ríos

Acota que nuestra Provincia no ha sido ajena a estos nuevos institutos, ya que con su última reforma del año 2008, se estableció en su art. 22 el Derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, para luego, en su art. 83 -y subsiguientes- fijar una política ambiental, garantizando la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad.

El senador de Gualeguaychú explica que “si bien hasta la fecha los jueces y fiscales han ejercido las facultades que les son propias valiéndose de la normativa de tipo sustancial, ante este estado de cosas y frente a una marcada y mayoritaria tendencia dentro de las demás legislaciones comparadas y aun dentro de nuestro propio país, vemos que cobra con mayor vigor e impulso la incipiente creación de Fiscalías o Juzgados Ambientales como herramientas necesarias y verdaderamente idóneas para dar tratamiento a la problemática abordada. Que países como Brasil, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, y España han dado pasos significativos en el tema al constituir Fiscalías Ambientales; existiendo consenso en su efectividad para ayudar a aplacar los delitos contra el ambiente y en la protección de los recursos naturales. Y que en nuestro país, Corrientes, tiene fiscalías ambientales y rurales, Río Negro, Salta y Neuquén tienen su propuesta de creación, existe un proyecto en la Provincia de Buenos Aires de crear Unidades Fiscales, y existe un proyecto de creación de tribunales ambientales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo un criterio de especialidad.

Asimismo, el art. 41 de nuestra Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente Nº 25.675 incorporan, como orden público ambiental, los principios de prevención y el precautorio así como también el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana e innova en cuanto al acceso a la justicia, estableciendo postulados directrices en cuanto al daño ambiental colectivo.-

En Gualeguaychú

“No debo pasar por alto que, como ciudadano común, primero, y actualmente como Legislador, pero más aún, como Gualeguaychuense, he vivido de cerca la “lucha ambiental” en mi ciudad natal, a través del incansable trabajo de la “Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, en pos de un ambiente sano y en contra de la instalación de las papeleras contaminantes en la hermana República Oriental del Uruguay a la orilla del río homónimo, en la ciudad de Fray Bentos.- Y en tal sentido, entiendo que este tipo de lucha, no sólo debe ser acompañada en su militancia permanente en la concientización de la protección del medio ambiente, sino también en procurar herramientas eficaces a fin de paliar el delito ecológico” expresa Gerdau.

En ese sentido “el presente proyecto procura que la intervención del Ministerio Público se erija como un garante en defensa del orden público ambiental, ya que resulta apto para prevenir el daño, actuar preventivamente, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.

Es así que “en este contexto, se convierte en necesario y oportuno –por obedecer a razones de fondo- la especialización de un funcionario judicial a fin de que quede a cargo del cuidado del medio ambiente.- Entre aquéllas razones debemos mencionar que el bien jurídico protegido es supra-individual e inter-generacional, desde que compromete a grupos indeterminados, con posibilidad de trasvasar límites territoriales y generacionales de personas.- Se hace necesario, entonces, de un funcionario judicial específico con conocimientos especiales en la materia para la investigación de los delitos ambientales.- Las distintas fiscalías toman -a menudo- temas relacionados con daños ambientales, pero lo hacen de buena voluntad, sin la formación profesional necesaria para hacerlo.- Esto aumenta mucho las posibilidades de error en un tema muy delimitado desde lo técnico”.

“Dichas características, que trasuntan la auténtica dimensión y efectos que pueden llegar a adquirir los daños ambientales, redundan en las pautas de configuración del delito ecológico -que será de peligro abstracto-; a la vez que demandan una actuación presta y oportuna del fiscal, que deberá echar mano a nuevas herramientas de tutela anticipada o expedita (amparos, cautelares autónomas, medidas auto-satisfactivas, etc.) para procurar la defensa eficaz del ambiente. Al ser el derecho ambiental transversal e interdisciplinario, comprometiendo distintas áreas del conocimiento; el funcionario especializado deberá contar con un equipo técnico de profesionales formados en las distintas disciplinas que lo respalden, que los avalen en el momento oportuno para producir la prueba idónea para el proceso judicial en trámite que lo requiera”.

En definitiva “la creación de las fiscalías ambientales es una consigna pendiente en las administraciones locales, en su carácter de dueñas originarias de los recursos existentes en su territorio.- La idea es apuntar a la creación de las fiscalías ambientales como primer paso en la progresividad de los objetivos ambientales y así introducir el tema ambiental en el sistema de Justicia, para luego apuntar a la creación de tribunales específicamente ambientales, con competencias, conocimientos técnicos y equipos periciales propios”.(RecintoNet)