Abogados, en alerta por proyecto del Ejecutivo sobre recursos de amparo

Paraná.(RN). La comisión directiva de la Sección Paraná del colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) advirtió sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca devolverle al pleno del STJ la competencia en recursos de apelación y recursos directo en acciones de amparo, y que tuvo media sanción en la última sesión de la Cámara Alta. Cabe marcar que el texto en cuestión, supo Recintonet, deroga el artículo 11º de la ley 9.550, “recobrando vigencia las modificaciones dispuestas por los artículos 4º y 5º de la Ley 9.240 a los artículos 16º y 17º de la 8.369 referidos a cuestiones de competencia del Superior Tribunal de Justicia”. La iniciativa pasó a la Cámara Baja para su sanción definitiva, y surgió tras los fallos adversos que el gobierno cosechó en la Sala Penal, que era quien resolvía en la materia.
El último revés que sumó el gobierno provincial es el que benefició a la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) respecto al paro docente que había frenado la justicia con un recurso de amparo y luego con la resolución del juez penal de menores Pablo Barbirotto, cuyo pliego, casualmente, también ingresó el martes al Senado.
Luego de este fallo negativo al gobierno, el Ejecutivo promovió este llamativo proyecto de ley, del que no se informó nada en forma oficial. De sancionarse, ahora los amparos serán resueltos por los nueve integrantes del STJ, y no por la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales.
Antes de la rápida sanción a la iniciativa, el presidente del monobloque oficialista en el Senado, Enrique Cresto (Concordia), afirmó que “es una modificación para que los amparos que hoy lo resuelve la Sala Penal sean resueltos por el pleno del STJ, porque muchos superan las competencias”. Y argumentó: “En algún momento se modificó para que el procedimiento sea más ágil pero, evidentemente, se vulneran derechos y es importante que haya una opinión del STJ en cada amparo que se presenta”, supo Recintonet.
Un antecedente de esta situación se registró en el segundo gobierno de Sergio Montiel, cuando el gobernador radical encontró en el pleno la posibilidad de bloquear a la Sala Penal. Cuando Jorge Busti asumió en 2003, le devolvió a este ámbito constituido por tres vocales la competencia para resolver sobre los amparos, lo que ahora volvería a cambiar.
Preocupación de abogados

A través de una solicitada, abogados de Paraná expresaron su preocupación por el intento del Poder Ejecutivo de modificar la competencia en acciones de amparo, ante el “intempestivo y no publicitado proyecto de modificación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, referido al cambio de competencia originaria o por apelación de las Acciones de Amparo, que trasladaría la decisión de las mismas de los tres miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJER al pleno del Alto Cuerpo (de 9 miembros)”.
En una serie de puntos, los letrados advirtieron que “llama poderosamente la atención con la rapidez, sigilo y secretismo con el que el Poder Ejecutivo Provincial ha tramitado ante la Cámara de Senadores de Entre Ríos la aludida modificación de competencia para la acción de amparo. A mayor abundamiento, cabe recordar que una de las notas esenciales del sistema republicano y del estado constitucional de derecho es la publicidad de los actos de gobierno, lo que en esta ocasión, como en otras tantas, se ha violentado inexcusablemente”. Y recalcaron que no se inició “como hubiera correspondido y hubiese sido una positiva señal de salud republicana- una ronda de consultas a juristas ni al Colegio de Abogados”.
Y analizaron: “La sencillez y el carácter expeditivo que son propios de esta Acción de Amparo debido a la importancia de los esenciales derechos en juego, se desnaturalizarían absolutamente al tener con la nueva ley que someter al arbitrio de nueve (9) jueces la decisión de los temas planteados”, y ejemplificaron con la demora de la resolución que podría conllevar, por ejemplo, la resolución de una amparo de salud.
Asimismo, añadieron: “Esta inoportuna y destemplada modificación a la competencia en la resolución de los Amparos, acaso anidada en subalternas intencionalidades que desconocemos, pero imaginamos, atenta gravemente contra derechos fundamentales de las personas, que se inscriben dentro del amplio espectro de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, como por ejemplo y sólo por nombrar algunos, a la salud, al trabajo, al ambiente sano”.
Párrafo seguido, observaron que esta modificación “pretende volver a la antigua competencia instituida por la reforma efectuada en la gestión gubernamental del período 99/2003, a la que tanto criticaron, sin ahorrar adjetivos ni referencias a valores republicanos que hoy violentan groseramente. En rigor, el cambio de competencia que se pretende obedecería a otras motivaciones aún no explicitadas, pero concretamente conspiraría contra la realización del valor justicia, que es la finalidad primordial de esta acción”.

Y concluyeron:“En lugar de mejorar la calidad del recurso, acelerar sus tiempos de tramitación y el restablecimiento urgente de derechos vulnerados o conculcados, implicaría todo lo contrario”.(RecintoNet)