Senadores despacharon agroquímicos

Paraná.(RN). Finalmente, el Senado dio despacho al proyecto que propone una “regulación en Entre Ríos para el uso de sustancias químicas en procesos productivos”, en el marco de una reunión de las comisiones de Salud Pública y Legislación General –ambas presididas por César Melchiori (Islas)- realizada este martes. El proyecto de ley, que también es autoría del mismo senador, propone “una regulación en Entre Ríos para el uso de sustancias químicas en procesos productivos”. Se trata, en principio, de la iniciativa que recogió mejor recibimiento entre ambientalistas, luego de la polémica generada por el texto que había sido impulsado por Oscar Arlettaz (Colón) y Enrique Cresto (Concordia), y que quedó paralizado.

Sobre la iniciativa, Melchiori destacó que se busca: “Proponer una herramienta legislativa que proteja la salud humana y la biodiversidad de nuestro territorio. Son cuestiones ineludibles para nosotros”, y afirmó: “En cada reunión hemos tomado propuestas de todos los sectores”.

El proyecto de ley analizado propone un marco jurídico para el manejo de “productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento, desarrollo, almacenamiento y transporte de todas las especies de producción agrícola, forestal, fruti-hortícola, forrajera, ornamentales, la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, teniendo en cuenta los enfoques precautorio y preventivo”.

Además, según supo Recintonet, en cuanto a los antecedentes que enmarcan la iniciativa cabe recordar que la Constitución Nacional, incorporó con la reforma de 1994 derechos ya vigentes en el ámbito internacional, como también en leyes nacionales, los que desde entonces pasan a integrar la categoría de derechos de raigambre constitucional.

Es ahí donde se inscribe el artículo 41, en el que se establece el derecho a gozar y preservar un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras.

En los fundamentos del proyecto se resalta que “este también es un deber jurídico impuesto a todos los ciudadanos y al Estado mismo. Por ello, tienen las autoridades gubernamentales la obligación de proveer a la protección de este derecho como así también la de bregar por la utilización racional de los recursos naturales, teniendo como fin último su preservación. Implica también que el Estado podría intervenir sobre las actividades socio-económicas cuando estas atenten sobre la salud, la biodiversidad o los recursos naturales, poniendo en riesgo la garantía de subsistencia de las generaciones futuras”.(RecintoNet)