El gobierno negó información sobre cómo financiará Salud de Entre Ríos Sociedad del Estado

Paraná.(RN). El gobierno de Entre Ríos omitió decir a qué partida presupuestaria recurrirá para dotar de 50 millones de pesos a Salud Entre Ríos Sociedad del Estado, la figura jurídica a la que apeló la administración del gobernador Sergio Urribarri para administrar el hospital que desde hace cuatro años se construye en Paraná con fondos del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). La consulta fue formulada por el sitio accesolibre.org el 13 de agosto pasado. Ese día, mediante un pedido de acceso a la información pública, se le solicitó a Urribarri que brindara una copia “del decreto a través del cual dispuso la creación de Salud Entre Ríos Sociedad del Estado”. Además se le pidió que identificara “la partida presupuestaria utilizada para constituir el capital social de la empresa antes mencionada”.

La petición fue formulada siguiendo el procedimiento establecido por el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano. El escrito ingresó por la Mesa de Entradas de la Gobernación y fue derivado a la Secretaría de Coordinación General. La intención era obtener más detalles sobre la creación de la entidad estatal puesto que el aviso publicado el 22 de julio pasado había dejado una serie de interrogantes. Según se anunció entonces Urribarri es el socio de Salud Entre Ríos Sociedad del Estado, mientras que para su Órgano de Administración y Fiscalización se propuso a Carlos Ramos (ministro de Salud y de Desarrollo Social), Alicia Benítez de Feltes (secretaria de Obras Públicas) y Adolfo Camoirano.

 

La empresa se constituyó el 23 de junio con un plazo de duración de 50 años y fue inscripta en el Registro Público de Comercio, dependiente de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, el 20 de julio último. Su objeto social es “la administración general y prestación de los servicios de salud, a fin de fortalecer las capacidades sanitarias a nivel sistémico y mejorar las condiciones sociosanitarias de la población”. Para cumplir con esos objetivos se anunció la constitución de un capital social de 50 millones de pesos “que se dividirá en la cantidad de 50.000 pesos certificados nominativos por un valor nominal de 1.000 pesos cada uno”. Vencido el plazo de 10 días hábiles para la respuesta que establece el decreto 1.169/05 GOB y sin que se hubiera formulado una solicitud de prórroga, este portal presentó una denuncia por incumplimiento del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo. Fue mediante un escrito que ingresó el 18 de septiembre último por la Mesa de Entradas de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP).

Cuatro días más tarde el titular de ese organismo, Julián Gracia, redactó y firmó la Nota 1.212. Ese escrito sirvió para informar que “el decreto por el cual se creaba ‘Salud Entre Ríos Sociedad del Estado’ fue derogado, habiéndose remitido en su lugar (un) proyecto de ley con el mismo objeto a la Honorable Cámara de Diputados”. En su respuesta Gracia omitió mencionar tanto el número del decreto derogado como el de la norma que sirvió para anular el anterior acto administrativo. Y por si fuera poco tampoco respondió a la segunda consulta que se le hiciera a Urribarri, ya que no identificó la partida presupuestaria a la que se pensaba recurrir para disponer de los 50 millones de pesos mencionados en el aviso publicado en el Boletín Oficial.

Pero las contradicciones oficiales no terminaron ahí: según pudo constatar este portal el miércoles pasado, el Poder Ejecutivo no había remitido a la Cámara de Diputados proyecto de ley alguno relacionado con la creación de Salud Entre Ríos Sociedad del Estado. Tampoco la iniciativa había ingresado por la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores. Todo eso fue confirmado por el ministro Ramos en un programa radial, donde enfatizó: “No vamos a enviar un proyecto para crear por ley la sociedad del Estado para la administración del hospital. Ya corregimos el decreto anterior y la Fiscalía de Estado dijo que con eso es suficiente”. La idea es que así puedan comenzar a funcionar en breve los consultorios externos del hospital que se construye en un predio que el gobierno entrerriano le compró al Ejército. Y según explicó días atrás el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la conformación de una sociedad del Estado fue requerida por el PAMI a los fines de facilitar el manejo administrativo del hospital.(Recintonet)