Urribarri va por una ley que limite la responsabilidad del Estado

Quieren adherir a la norma nacional que se aprobó sólo con el voto ofocialista. El texto deslinda a los funcionarios de casos de dudoso manejo de la cosa pública violando la condición de igualdad ante la ley de los ciudadanos

Paraná.(RN). El gobierno provincial comenzó a evaluar la posibilidad de adherir a la cuestionada Ley Nacional Nº 26.944 de responsabilidad del Estado. La norma, sancionada en el Congreso nacional por el oficialismo y rechazada por la oposición, excluida del nuevo Código Civil y Comercial, ubica dentro del derecho administrativo las demandas de particulares y empresas contra el Estado, que fue uno de los puntos más criticados. Según habían señalado la UCR y el Pro, el texto abre las puertas a que los funcionarios “no se hagan cargo” por la concesión de un servicio, entre otras acciones en el manejo de la cosa pública.

Cabe recordar que en octubre del año pasado en un breve proyecto, de dos artículos, uno de los cuales es de forma, el diputado Hernán Vittulo (FpV-Gualeguay) propuso ya que la provincia adhiera “a las disposiciones de la ley 26.944 las que serán de aplicación en el ámbito de la provincia, con las regulaciones propias, que a partir de la presente se introduzcan por parte de los respectivos poderes provinciales en uso de sus facultades constitucionales”, de lo que en su momento dio cuenta Recintonet.

Entre los principales cuestionamientos que hizo la oposición a esta norma estuvieron la advertencia de que el Poder Ejecutivo pretendía ” que todas las cuestiones relacionadas con demandas contra el Estado se resuelvan en el fuero administrativo, que no tiene una legislación unificada, ya que cada provincia, y hasta los municipios, tiene la facultad de dictar sus propias normas. “Atenta contra el principio de igualdad ante la ley, insistió en que la cuestión se dirima por la vía civil, como sucede en la actualidad y advirtió que el proyecto oficialista licuará la responsabilidad del Estado y de los funcionarios demandados” y consagra “la irresponsabilidad del Estado”, dijeron entonces los bloques de la UCR y el PRO.

Ahora, en un comunicado oficial del gobierno entrerriano, se informó que se estudia avanzar en una ley sobre responsabilidad de Estado. “Para ello se evaluará la posibilidad de adherir a una normativa nacional ya existente o bien crear una propia. En ese marco, funcionarios provinciales, jueces, legisladores y representantes de la sociedad civil, mantuvieron una reunión de trabajo a fin de analizar diferentes propuestas”, se informó este jueves luego de la reunión que protagonizaron funcionarios de primera línea de gobierno.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris y fue presidido por la secretaria de Justicia, Carina Ramos; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. También participaron funcionarios provinciales, autoridades del poder Judicial, legisladores y representantes del Colegio de Abogados y de la Universidad Católica Argentina.

Consultada sobre los motivos de la reunión, la secretaria de Justicia, Carina Ramos, record: “En el nuevo Código civil y comercial, se establece que la responsabilidad del estado tanto nacional como provincial no se va a regir por la normativa que hace al ámbito civil, sino que dispone que cada estado debe dictar sus propias leyes de responsabilidad. A nivel nacional ya rige la ley y es la Nº 26.944, y justamente desde la provincia podemos adherirnos a esa ley para su aplicación en la provincia o creamos una propia ley de responsabilidad”.

Y aclaró: “Cuando hablamos de responsabilidad del estado hablamos de los resultados y las consecuencias de accionar o de la omisión del estado. El estado como persona jurídica se representa a través de funcionarios, quienes son las personas físicas en su accionar u omisión pueden traer consecuencias de daño a terceros. Esta responsabilidad se la debe tratar de manera especial, porque el estado tiene determinadas características, las cuales se deben respetar para poder tratar de manera especial de acuerdo a los resultados que se quieren obtener”.

“Ante ello y por iniciativa del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaria de Justicia se convocó a funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial como así también a diferentes actores de la sociedad civil a fin de evaluar la posibilidad de adherir o crear una nueva normativa de responsabilidad, adjuntándole las características propias de nuestra provincia”, comentó Ramos.

En cuanto a la metodología de trabajo, la secretaria de Justicia informó: “Se acordó trabajar en comisiones para que cada una analice el estudio de lo que sería la ley de responsabilidad del estado y otras dos, para el Procedimiento Administrativo y el Proceso Administrativo”.

Y agregó: “Además, se consideró modificar la leyes Nº 7.060 y Nº 7.061 correspondientes al Procedimiento Administrativo y al Proceso Contencioso Administrativo. La idea es lograr que el Procedimiento sea más breve y eficaz y adecuar el Proceso Contencioso a la Constitución nueva del año 2008 y al nuevo Código Civil”.

Qué dice la la Ley Nacional 26.944

ARTICULO 1° — Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.

La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.

Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.

La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

ARTICULO 2° — Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:

a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial;

b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder.

ARTICULO 3° — Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima:

a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue;

d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado.

ARTICULO 4° — Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:

a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño;

d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;

e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.

ARTICULO 5° — La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante.

La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas.

Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización.

ARTICULO 6° — El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada.

ARTICULO 7° — El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita.

ARTICULO 8° — El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.

ARTICULO 9° — La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen.

La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.

La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización.

ARTICULO 10. — La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria.

Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador.

ARTICULO 11. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional