Cumplió un año la ley de Narcomenudeo

Paraná.(RN). El 22 de octubre de 2014 el Senado provincial daba sanción definitiva a la llamada ley de narcomenudeo; el 31 de ese mes fue promulgada por el Poder Ejecutivo y el 6 de noviembre publicada en el Boletín Oficial. Pero semanas después, el 29 de noviembre, la norma cosechó el primero de los fallos de la Justicia Federal que la declaró inconstitucional por producirse una intromisión de jurisdicciones. No obstante, la ley sigue vigente, y este jueves cumplió un año. Sin embargo, los últimos operativos policiales fueron por toneladas y no por el pequeño traficante de drogas. La ley quedó a destiempo del avance del barcotráfico en la provincia.

La normativa había tenido el visto bueno de los tres poderes del Estado. La puesta en vigencia de la norma estuvo a cargo del gobernador Sergio Urribarri; el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, además de funcionarios y legisladores, con una presentación realizada el martes 18 de noviembre.

Pero un fallo firmado días después por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, declaró inconstitucional los artículos 1º, 3º, y 4º de la flamante norma. El magistrado tomó la decisión “en razón de que los mismos modifican la Ley Nacional Nº 26.052”, que tiene “mayor rango legal”. Ríos destacó que la inconstitucionalidad deviene “de su insuficiente o incompleta asunción de las potestades jurisdiccionales para el juzgamiento de las conductas de narcomenudeo según lo prescripto por la norma federal Nº 26.052”, puesto que la jurisdicción provincial “asume la facultad de investigar, secuestrar y detener”, pero se determina “incompetente” para el juzgamiento y eventual sanción. El juez se expidió en el marco del legajo originado tras el primer operativo por narcomenudeo realizado en la capital entrerriana el 27 de noviembre de 2014, donde fueron secuestradas bochas de cocaína, marihuana y dinero, y quedaron detenidas tres personas.

El 2 de diciembre sumaría otro revés judicial: el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, consideró que esos mismos artículos de la norma provincial colisionaban “con los preceptos emanados en su gran mayoría del art. 18 de la Carta Manga en lo que hacen al ‘juez natural del proceso’ como al ‘orden de supremacía legal’ establecidos por el art 31” de la Constitución Nacional” y con la propia ley de estupefacientes.

Si bien la declaración de inconstitucionalidad no deroga la Ley N° 10.329, sí declara inconstitucional el caso en particular y se lo deja sin efecto, sentando jurisprudencia, por lo que los casos que ingresen con esa Ley, dependiendo sus particularidades, tendrán la misma declaración de inconstitucionalidad.

Cabe marcar la diferencia entre lo resuelto por otras provincias, como Buenos Aires y Córdoba, que adhirieron totalmente a la Ley nacional y no de manera parcial como Entre Ríos. Así, la adhesión total lleva a que la justicia ordinaria asuma todas las facultades del proceso; pero en Entre Ríos, con la adhesión parcial se establece la investigación y detención de la persona con la orden del Juez de Garantías y este magistrado luego se declara incompetente y pasa la causa a la Justicia Federal sin que ésta participara de la investigación, y en ese momento culmina la intervención de la Justicia provincial.(RecintoNet)