La voluntad del pueblo necesita oídos afinados

Pluralismo. A pocos días de las elecciones presidenciales, Carlos Strasser se pregunta por la brecha entre la democracia real y la posible. María Matilde Ollier disecciona el uso “justo” del balotaje.

Por Carlos Strasser

Supuestamente, en el mundo de hoy tendríamos, en términos generales, dos tipos principales de lo que se acostumbra llamar democracia, aquel que porta el sello distintivo de algo así como un republicanismo liberal y el que, también hablando demasiado rápido, combina o va y viene de lo popular a lo populista. En rigor, sin embargo, lo primero a remarcar es que en general se habla de democracia gratis. Ninguno de los dos tipos mencionados hace realmente una democracia, ni siquiera en una acepción contemporánea de la vieja idea o el viejo concepto de democracia. Si ambos son, no obstante tenidos como tipos de democracia, es porque, entre otras cosas guardan un aire de familia que parece determinante. Es decir, los dos celebran con regularidad periódica la elección por “el pueblo” de las que entonces pasan a ser sus autoridades ejecutivas y legislativas, comenzando por el presidente, muy sobre todo en el caso del segundo tipo arriba mencionado. Si se las llama democracias es porque los gobiernos de estos regímenes son elegidos por el voto de la población, aunque no sean ellos regímenes stricto sensu democráticos y apenas si estén dándole existencia a lo que son las variaciones sobresalientes de lo que realmente tenemos en el orden político de las naciones. Es decir, una u otra democracia “real”, una u otra versión de lo que para empezar y con toda buena voluntad llamaríamos “la democracia posible”.

Hace ya mucho tiempo que leemos y oímos de la democracia aquí y allá. La referencia sería a una de la especie contemporánea, naturalmente, producto de la fusión o al menos convivencia de las tres grandes tradiciones políticas de Occidente. Son: el democratismo que legó la Atenas del siglo V aC., el republicanismo de la alta Edad Media y la Edad Moderna, y el liberalismo surgido en los siglos XVII y XVIII, cada cual con sus respectivos principios básicos, respectivamente la soberanía del pueblo, el institucionalismo y la virtud cívica, y las libertades, derechos y garantías del individuo. Algo que en la Argentina de nuestros días se inclinaría hacia el segundo de los tipos mencionados al principio.

El caso es que –sobre todo desde que cayó el Muro de Berlín e implosionaron el comunismo soviético y los últimos totalitarismos siniestros–, cundió la idea de que, caídos ellos, en esos mismos países y de algún modo copiando a las que se tienen por democracias occidentales clásicas iban tomando su lugar, uno tras otro, regímenes políticos de naturaleza democrática. Empero, lo que en rigor tuvimos y tenemos desde entonces y, pues, también desde antes, hasta donde lo tenemos, es esto otro: estados constitucionales de derecho en los que las autoridades se eligen por votación general popular. Nada de lo cual es para nuestro desconsuelo, más bien y por lo ya expuesto casi lo contrario, sólo que por sí solo no nos da una democracia. Una democracia “es otra cosa”, para citar a Rousseau, quien aun sin identificarla con (y reducirla a) esa palabra la pensó a fondo como nadie. Y al cabo concluyó, tan a su pesar, que dicha “otra cosa” en realidad no puede existir, nunca existió ni existirá.

Un contrato social
Si ya a mediados del siglo XVIII en toda población más o menos cuantiosa y extendida había que pensar en una democracia indirecta y recurrir a una “representación” del pueblo, verdaderamente una re-presentación del demos, el problema empezaba y todavía empieza por ser que los representantes responden siempre a tres intereses distintos. Esos intereses son: el suyo propio individual, el del grupo o cuerpo al que cada uno pertenece o se debe, y el general de “la voluntad popular”; con el resultado esperable, natural, de que generalmente los prefieren y obedecen en ese orden. En paralelo está además el nada menudo problema de que “la voluntad del pueblo” tenía y tiene casi siempre que ser de algún modo discernida o interpretada. Ello porque en sí misma no es una voluntad singular y única sino múltiple, variada, muchas veces oscura, hasta contradictoria. Esta es una dificultad que en el siglo XXI viene multiplicada dados los actuales alcances geográficos de los países y los supermillonarios que son en habitantes. También por los procesos de modernización e industrialización y secularización que vivieron y las complejas divisiones socioculturales advenidas en consecuencia. Eso, para no hablar encima de que desde el “apagón ideológico” siguiente a la caída del Muro y el fin de la Guerra Fría, prácticamente han desaparecido los cuerpos ideológicos tan robustos al igual que los “programas” partidarios. Tampoco de que los partidos que sobreviven están capturados por el marketing o los sondeos de opinión pública no menos que por los eslóganes y las meras imágenes televisivas de sus candidatos. En suma: ya casi no existen ni la oferta ni entonces la demanda de políticas determinadas a elegir. En todo este cuadro, por fin, siguiendo aquello también de Rousseau de que “al día siguiente de votar los ingleses volvían a ser esclavos”, las consabidas elecciones lo son de quienes a continuación de ellas vienen a gobernarnos o tal vez a mandarnos, sencillamente: lo que en nuestro tiempo hay al cabo de las elecciones no son tanto representantes de representados sino políticos que se apropian de lo que quiera que sea (y ellos digan que es) la voluntad popular. Aun si no puedan dejar de mirar de reojo las encuestas de opinión pública, sobre todo cuando se aproximan las elecciones.

De remate, a esta cuenta hay que agregarle todavía dos factores del mayor peso. Un factor ya viejo, demasiado viejo pero nunca superado y tan imperdonable como (bajo el capitalismo y desde antes) con vigencia siempre, y otro más nuevo y en expansión. El primero, que aun en los países más ricos, y por cierto en la Argentina y tantos otros latinoamericanos hay porcentajes considerables y hasta altísimos de la población de personas que apenas si tienen trabajo, pan, techo, salud y educación. Ellos no constituyen tanto la ciudadanía que presupone la idea de una democracia como son parte de la clientela de los aparatos políticos siempre a la caza.

El segundo, que en torno a los estados nacionales pululan incontables organismos y agencias interestatales –cada cual con sus funcionariados y burocracias paquidérmicas muy bien pagas que no votó ningún electorado pero compiten por la gobernancia política. Con ellos persisten empresas multinacionales y otros grandes poderes económicos de la mayor influencia y prácticamente a salvo de toda ley que no sea la suya propia.

Así las cosas, pues, no está uno paseando por las nubes si cavila y concluye en vena escéptica cuánta “soberanía popular” tiene realmente existencia y qué “democracia” (“gobierno del pueblo”) resta en efecto posible; el tema no es un ejercicio filosófico ocioso sino una cuestión política elemental. Y la conclusión va prácticamente de suyo. El consuelo es que por fortuna en este mismo tiempo hemos llegado a tener y mantener lo que no son democracias pero sí, en algunos lados más, en otros menos regímenes políticos sometidos (incluidas sus fuerzas armadas) a constituciones que incluyen la división de poderes. Estos regímenes no siempre pero en buena medida gozan de bastante pluralidad y libertad de prensa y tienen en principio abiertas a todos o una mayoría las vías y los recursos judiciales, con la excepción, quizás, otra vez, de los pobres. Por lo demás, se supone que están comprometidos en realizar el bien común y mejorar las condiciones y la calidad de vida generales. Ello comporta la posibilidad de demandas o reclamos y obligaciones sólo difícil y tramposamente ignorables. Es de aquí mismo que últimamente han proliferado las llamadas “representaciones no electorales” para suplir y compensar al menos parcialmente el desvanecimiento de los partidos.

El orden sistémico
La conclusión es empero que todo ocurre invariablemente dentro de un orden general de cosas que tiende a la desnaturalización y aun degeneración de la idea. Es un orden sistémico en el que la desigualdad de las distintas clases y sectores sociales es un hecho que jamás ha terminado ni tampoco está hoy en vías de superarse y en el que la democracia aparece tan mentada como apropiada si no expropiada y desfigurada en el interior de una estructura muy compleja y su intrincada malla de actores y poderes fácticos. Es ahí dentro donde encaja y funciona, pues, el uso y abuso corrientes de la palabra “democracia”. Para más, un cierto desinterés muy extendido (esto en el contexto actual de un orden político ya no totalitario ni autoritario y mucho más pacífico) y alguna inercia, entonces, en el plano de la comunicación social, se combinan en simultáneo. Lo hacen a efectos de lo que francamente es un aprovechamiento impuro, incluso bastardo, de la legitimidad indiscutida y el asentado prestigio político de la idea hoy, sin embargo, más bien flotante de la voz “democracia”, la supervivencia por demás acrítica de ella.

Strasser es Investigador Superior del Conicet, profesor emérito de Flacso Argentina y autor de “La razón democrática y su experiencia” (Prometeo libros).

Revista Ñ
Publicado 20 de Octubre de 2015